El Ministerio Público priorizará las denuncias y querellas presentadas por personas envejecientes en todas las fiscalías del país, además de que agilizará los casos de éstos que permanezcan en prisión preventiva en los centros penitenciarios.
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), acordaron fortalecer los mecanismos que garanticen los derechos fundamentales de los adultos mayores en el ámbito judicial.
Con ese propósito, el procurador general, Francisco Domínguez Brito, y la directora ejecutiva del CONAPE, Nathalie María Hernández, firmaron un acuerdo, con alcance general en todas las dependencias del MP, así como también en los recintos penitenciarios donde se encuentren personas envejecientes privadas de libertad que tengan 65 años de edad, o de menos, que debido al proceso de envejecimiento, experimenten cambios progresivos desde el punto de vista psicológico, biológico, social, y material.
Según lo pactado, el Ministerio Público priorizará las denuncias y querellas presentadas por adultos mayores, en todas las fiscalías a nivel nacional, además de que agilizará los casos de los envejecientes que permanezcan en prisión preventiva en todo el país.
De igual manera establecerá los mecanismos para que el sistema penitenciario ofrezca un trato preferencial a los adultos mayores que se encuentren privados de su libertad y garantizará que éstos reciban chequeos médicos rutinarios en los diferentes centros penitenciarios.
Mientras que el CONAPE remitirá las denuncias de cualquier índole que lesione la integridad física o violente sus derechos, y realizará, cuando las diferentes fiscalías del Distrito Nacional lo soliciten, el trabajo social correspondiente sobre casos de denuncias.
Además apoyara a los envejecientes víctimas de maltrato a los fines de que los adultos mayores recluidos en los centros penitenciarios, reciban de las autoridades correspondientes, asistencia psicológica en los casos que sean necesarios, y la protección de sus derechos fundamentales.
El convenio fue firmado en la sede de la Procuraduría General de la República, y tendrá un año de vigencia, prorrogable por voluntad expresa de las partes.